Resumen: Juicio ante el Tribunal del Jurado. Malversación de caudales públicos. Alcaldesa de un pueblo que dio la orden a un Banco de transferir una cantidad en concepto de pago de kilometrajes por viajes, desde una cuenta del Ayuntamiento a otra de su titularidad. El Secretario del Ayuntamiento le advirtió de la irregularidad de la transferencia, la cual se hizo sin las firmas obligatorias del Secretario y del teniente del alcalde. Motivación fáctica por el Tribunal del Jurado. Valor probatorio de las declaraciones sumariales en supuestos de contradicciones y retractaciones. Supuestos de pruebas preconstituidas y anticipadas. Determinación de la ley penal en el tiempo. Resulta ser más beneficiosa y más favorable la regulación actual. Concepto de funcionario público. Atenuante de reparación del daño. Norma especial que desplaza a la norma general. Dilaciones indebidas que no se aprecian.
Resumen: Empresa encargada de la gestión y cobro de los impuestos de un Ayuntamiento. Presunción de inocencia: Alcance de su análisis en casación. No supone la sustitución de la valoración de las pruebas practicadas por la del órgano de casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Dilaciones indebidas: debe considerarse que una duración temporal superior a cinco años es un plazo irrazonable e inasumible. Criterios para la estimación de si concurren o no dilaciones indebidas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales. Se exige para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, que no sea atribuible al propio inculpado. Motivación de las sentencias: conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos que han de concurrir: los documentos citados por la parte recurrente están contradicho por otro tipo de pruebas o no son literosuficientes. Elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de prevaricación administrativa: exigencia de que haya una resolución administrativa. Se excluyen los actos que no tengan carácter decisorio. Exigencia de dolo directo. Interpretación del término a sabiendas: exige un dolo directo y conciencia de que se actúa contra el ordenamiento jurídico.
Resumen: Delimitación del veredicto en el Tribunal del Jurado. Debe narrar en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que se deberán declarar probados o no. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Están suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Motivación exigible en casos de Tribunal de Jurado. Diferencia entre la motivación exigible al Jurado y la exigible al Magistrado Presidente. Marco de conocimiento en el recurso de apelación o casación contra sentencias dictadas por Tribunales de Jurado, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se limita a la verificación de la conformidad del proceso valorativo a la lógica. En el caso, la Magistrada Presidente se limita a transcribir que el Jurado ha tomado en consideración como prueba la declaración de un testigo sin otro razonamiento. Se trata de una declaración prestada en sede policial que fue indebidamente incorporada. Las declaraciones policiales carecen de todo valor probatorio. El testigo prestó declaración en la vista oral, indicando solamente que la acusada había llevado el reloj a su joyería. Hay vacío en la motivación: se ignora la inferencia por la que se concluye la participación de la acusada en los hechos. Nueva valoración por el Tribunal de apelación de un conjunto de elementos objetivos, con mención de hechos no citados en instancia.
Resumen: Sobreseimiento provisional o definitivo del proceso. Derecho a la tutela judicial efectiva y motivación de las resoluciones. El derecho de acceso a la jurisdicción no conlleva el que se abra necesariamente una instrucción por haberse presentado una denuncia o querella. Denuncia por prevaricación administrativa. Es la respuesta penal a los abusos de poder. No toda resolución irregular o contraria a derecho es susceptible de integrar el delito de prevaricación. Se precisa una resolución injusta y arbitraria. Malversación de caudales públicos. Elemento relativo al ánimo de lucro.
Resumen: Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Funciones que cumple la citada resolución. Determinación de los hechos punibles e identificación de las personas imputadas. No requiere una calificación concreta, que compete a las acusaciones. Imputación de delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales facilitadas a la empresa ALTADIS por parte de Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Utilización de un ERE para instrumentalizar el pago ilícito de las ayudas, para lo que se suscribieron diversas pólizas de seguro de rentas con entidades financieras. Cooperador necesario en un delito especial propio, como es la prevaricación y la malversación.
Resumen: Funcionario de Correos que se iba apoderando de los fondos depositados por los clientes. Con el fin de ocultar el desfase en las cuentas de la entidad, modificó la hoja de arqueo interna, falsificando otros documentos. Delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental. Juico ante el Tribunal del Jurado. Supuesto de conformidad sin llegar a proceder a la constitución del jurado. Trabajos en beneficio de la comunidad y consentimiento del acusado. Suspensión de la ejecución de la pena.
Resumen: Condena al autor directo del delito, que es a su vez, el Secretario del Comité Local de partido político, por haberse abonado una cantidad con cargo a fondos de la Concejalía de Desarrollo Local por obras llevadas a cabo en la sede de partido político de forma privada. Es condenado como autor de un delito continuado de fraude en concurso medial con delitos continuados de malversación y falsedad en documento oficial, junto con otros autores. El Fiscal ejercita la acción civil. No hay renuncia expresa del perjudicado. Para que sea operativa una renuncia de indemnización debe ser esta expresa, no tácita. Solo la renuncia expresa del perjudicado veta al Fiscal para reclamar una responsabilidad civil y, en este caso, esto no se ha producido. En caso de entidades locales como Ayuntamientos ha de estar sometida a diversas formalidades, como acuerdo del Pleno. La acción civil es contingente, no todos los ilícitos penales producen un perjuicio evaluable económicamente a personas determinadas, y su ejercicio puede resultar exceptuado bien por la renuncia de su titular, bien por la reserva de acciones. Debe descartarse una interpretación estricta del art. 120.4, de tal manera que cualquier extralimitación o desobediencia del empleado pueda considerarse que rompe la conexión con el empresario. La acción por responsabilidad civil tiene el plazo de prescripción del delito, y la acción civil contra el partícipe a título lucrativo tiene el plazo de prescripción de las acciones personales.
Resumen: Auto que dicta el Juzgado de Instrucción en el marco de la investigación de un delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, en relación con la presunta ilicitud de las ayudas facilitadas de manera arbitraria a una empresa por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Asunto de los ERES de Andalucía, acuerdo llevado a cabo de manera ilícita y arbitraria para pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores de la empresa. Suscripción de distintos instrumentos para ofrecer una apariencia de legalidad al procedimiento de concesión y pago de las ayudas. Pronunciamiento por el que se acuerda declarar extinguida la posible responsabilidad criminal por fallecimiento de una persona (dejando expedita la vía civil), no traer al procedimiento a determinadas personas que se considera que su actuación está siendo objeto de enjuiciamiento en otra causa (en la causa principal de los ERES), donde ya han sido juzgados y condenados, y el sobreseimiento de la causa respecto de otra, por no hallarse indicios sólidos sobre su participación en los hechos, no bastando las meras sospechas de su participación en los mismos.
Resumen: Delitos de prevaricación y de malversación en grado de tentativa, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Conformidad. Ayuntamiento que se dedica a crear sociedades municipales al frente de las cuales se coloca a un gerente que ha de cumplir ciegamente las instrucciones del alcalde. Creación de una organización municipal paralela para evitar los controles que impone la normativa administrativa. Condena del responsable a título lucrativo, acordándose la compensación de créditos, dado que el Ayuntamiento perjudicado le debía a su vez dinero al responsable civil a título lucrativo.
Resumen: Creación de entramados societarios para conseguir contratos públicos y ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos obtenidos, sobornos a funcionarios, autoridades y cargos públicos, vulneración de la normativa administrativa en la contratación con las Administraciones públicas, facturas falsas y ocultación a la Hacienda Pública de los ingresos de la ilícita operativa. Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad y urgente, del suministro de equipamiento para dar cobertura televisiva con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006: proceso de adjudicación simulado, plagado de ilegalidades e irregularidades. Emisión de facturas ficticias. Reparto de fondos ilícitamente obtenidos. Defraudación tributaria en los impuestos de sociedades y de IVA. Conformidad de algunos acusados prevista en la Ley, sin perjuicio de la continuación del juicio. Grabaciones realizadas por uno de los acusados de conversaciones con otros investigados que no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, ni al derecho a la intimidad, ni supone vulneración al derecho a la voz como manifestación sonora de la propia imagen. Entradas y registros válidos, sin ruptura de cadena de custodia. Intervención de comunicaciones en centro penitenciario que no afecta a las actuaciones anteriores. No prescripción de delitos conexos si no ha prescrito la infracción más grave. Legitimación de acusación. Cooperación del extraneus y complicidad. Partícipe a título lucrativo.
